Bebés robados, la Iglesia católica y Franco

Hace unos cuarenta años, la escritora Elsa López dio a luz en una clínica madrileña. El recién nacido que le presentaron estaba congelado: el médico le dijo que su hija había muerto. Cuando se enteró, décadas más tarde, de que este ginecólogo había sido detenido y juzgado por tráfico de niños, Elsa comprendió que era una de las miles de víctimas de un crimen masivo, cuyo alcance no salió a la luz hasta la década de 2000. 

Ha habido casos de secuestros de bebés en muchos países (Irlanda, Argentina, Chile o Australia), pero en ninguno han desaparecido tantos bebés como en España. Y en ningún otro lugar las víctimas reciben tan poca justicia. En medio siglo, unos 300 000 recién nacidos fueron robados a sus madres y vendidos en secreto a padres adoptivos. Un sistema en el que la Iglesia católica española desempeñó un papel activo, sobre todo a través de una red de conventos e intermediarios.

Creada en los primeros años de la dictadura franquista, esta red se dirigía en un principio a los hijos de opositores políticos, a los que había que alejar de la influencia nociva de sus padres, aquejados de una "enfermedad mental": la izquierda. Con el paso de las décadas, el robo de bebés se institucionalizó, afectando principalmente a madres muy jóvenes y familias modestas, hasta convertirse en un auténtico modelo de negocio en el que participaban médicos, abogados y clérigos católicos. Este sistema sobrevivió al franquismo y continuó hasta principios de los años 80. Aún hoy, la omertà reina sobre esta terrible parte de la historia española, llena de zonas grises y detalles sórdidos. La Iglesia sigue negándose a abrir sus archivos, las autoridades se muestran poco colaboradoras y la justicia tarda en llegar: el 90 % de las denuncias presentadas por las víctimas se archivan sin seguimiento. Las víctimas se ven obligadas a recurrir al extranjero, sobre todo, para hacerse pruebas de ADN.