Armados con arcos y flechas integrantes de la etnia Uru-Eu-Uaw-Uaw se lanzan a la protección de su activo más valioso, su tierra. Esta se encuentra ubicada en la Amazonía brasileña y ha visto el aumento del número de los ladrones de tierras con la llegada de Jair Bolsonaro al poder. Pero esa no es la única preocupación, las intenciones del mandatario brasileño de explotar económicamente el Amazonas junto a Estados Unidos ha incrementado las amenazas para las poblaciones indígenas.
La deforestación en las regiones amazónicas de Brasil aumentó un 54% en enero de este año, según datos del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon). Es una tendencia al alza que se viene consolidando desde 2015, cuando los satélites gubernamentales registraron un incremento anual del 24%. Desde entonces la curva de la destrucción no ha parado de crecer, lo que representa una inversión de tendencia tras una década esperanzadora. Hasta 2014, el país tropical consiguió reducir este fenómeno en un 80%.
Pero en el llamado pulmón de la tierra no sufre solo la naturaleza. Tanto los indígenas, como los activistas y los funcionarios públicos que actúan en la Amazonía llevan meses alertando sobre un incremento de la presión en muchos puntos del extenso territorio amazónico y contra las poblaciones autóctonas que lo habitan. Después de que Jair Bolsonaro asumió el poder, el 1 de enero, se han multiplicado las invasiones de madereros y ‘grileiros’, los temibles ladrones de tierras, tanto en las reservas indígenas como en los parques nacionales.
Desde la época de la campaña electoral, el nuevo presidente brasileño ha mencionado más de una vez la posibilidad de reducir o explotar las reservas indígenas. Incluso el 8 de abril reveló la existencia de un proyecto para la explotación de la Amazonía junto a los Estados Unidos, fruto de su reciente visita a su homólogo Donald Trump. Envalentonados por el discurso oficial de Bolsonaro, aventureros en busca de fortuna fácil están invadiendo áreas protegidas por ley en la esperanza de una moratoria en un futuro próximo, que permita legalizar la posesión de las tierras ocupadas.